Otra crónica para otra muerte anunciada

Ingrid Betancourt debe morir. Así lo decidió Álvaro Uribe cuando ordenó la masacre de la selva de Sucumbíos. La bomba que destrozó el aliento de Raul Reyes incluía en su onda expansiva la sentencia última para la quebradiza mujer. Los cuerpos desgarrados de los guerrilleros, sorprendidos mientras dormían, tiroteados por la espalda, marcan así otra crónica de una de tantas muertes anunciadas en la cotidiana agonía de Colombia.

Ingrid Betancourt debe morir porque así lo marca el guión. El relato está ya escrito y los grandes editorialistas del Grupo Prisa no tienen previsto otro final. La muerte es una opción dulce. Las palabras que la frágil cautiva envía a su esposo retumban en nuestra cabeza como el seco repicar de campanas llamando a difuntos. Ya sólo falta la catarsis última, la tragedia presentida por los lectores hecha realidad.

La muerte es una opción dulce. Pero para Uribe la muerte es, por encima de los adjetivos, simplemente eso: una opción. Una posibilidad más en el frío cálculo político a la que se puede recurrir impunemente, consciente de pertenecer a ese selecto grupo de los asesinos consentidos cuyo liderazgo se regodea en asumir, en competida pugna con el primer ministro israelí Ehud Olmert.

La muerte, convertida en baza política, lleva así inevitablemente a lo irremediable. Ingrid Betancourt debe morir para echar al traste la más mínima esperanza para el castigado pueblo colombiano. Un objetivo que el presidente perseguirá con el mismo empecinado empeño con que hasta ahora ha intentado hacer fracasar cualquier proceso de liberación.

Uribe considera la muerte un simple as bajo la manga en la partida de las geoestrategias. Y no duda en jugarla fiel a su nuevo papel de mamporrero de Washington encargado gustoso de concebir desestabilizaciones contra una revolución como la venezolana -tan peligrosa por acatar la voz de sus ciudadanos-, o de llenar de escollos las turbulentas aguas por las que intenta navegar con rumbo propio Ecuador.

Por todo ello, Alvaro Uribe ha decidido que Ingrid Betancourt debe morir. Mientras, al otro lado del Atlántico los consejos de administración de algunas corporaciones hacen sus cálculos de beneficios. Y el Gobierno y el Rey de España permanecen mudos, plácidamente, sin necesidad siquiera de que alguien les mande callar.

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Imagen creada por José M. Costa

Las formas, los reyes y los nuestros

El conflicto entre las formas y los fondos ha llenado miles de páginas en la voluminosa historia del arte y las ideas. La aparente primacía de los contenidos ha impedido a menudo que la estética, con su distanciamiento, introduzca ese matiz de ponderación capaz de evitar la rigidez discursiva tan común por las geografías del dogmatismo. Por el contrario, el reproche formalista es no pocas veces un recurso hipócrita con el que se intenta esquivar el duro golpe que nos lanzan algunas verdades como puños.

No poca de esa hipocresía parece esconderse detrás de la reacción de José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos de Borbón a propósito de las intervenciones de los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega en la reciente Cumbre Iberoamericana. Al menos llama la atención la vehemente defensa que Zapatero hizo de su antecesor en el cargo José María Aznar por el apelativo de “fascista” lanzado contra él por el líder venezolano. Un adjetivo que, más allá de conceptualizaciones historiográficas, no parece muy descabellado políticamente para alguien que se apresuró a cerrar filas con el golpista Pedro Carmona -como reconoció en su día el propio ministro Miguel Angel Moratinos-, convirtiendo de este modo a España en valedora frente a Europa de lo que era un acto de fuerza en contra de un gobierno democráticamente elegido.

Por eso habría sido de agradecer que Zapatero hubiera manifestado la misma firmeza que mostró defendiendo la supuesta honorabilidad atacada de Aznar, asegurando que aquella sería “la última vez” que un gobierno español injería en asuntos internos de un país soberano. Pero sin embargo no lo hizo, dejando sembrada así la duda sobre si su altercado con Chávez no escondía, a su vez, un oportuno guiño cómplice hacia la oposición venezolana que estos días se moviliza, jaleada por el Grupo Prisa, contra la reforma constitucional en marcha en el país.

En lugar de ello el presidente español prefirió resguardarse en la orden de callar lanzada por el monarca. Con estos dos gestos, la diplomacia española parece asumir en Latinoamérica la validez de aquel viejo refrán que aseguraba que “no hay peor sordo que el que no quiere oír”. Un autismo premeditado y remarcado poco después por el propio rey con su decisión de abandonar la sala para no escuchar las críticas del presidente nicaragüense contra las multinacionales españolas, consorcios económicos que, en cualquier caso, esconden más de una vergüenza por las castigadas tierras latinoamericanas.

Lo peor, con todo, no ha sido el incidente en sí, sino la llamada a rebato lanzada por los medios de comunicación españoles frente al supuesto ultraje nacional. Se asume así el rancio patrioterismo como razón de Estado. Nada puede cuestionar la defensa a ultranza de nuestros compatriotas enarbolada por Zapatero o la salvaguarda ciega de nuestras empresas asumida por el rey. Al fin y al cabo, Franklin Delano Roosevelt ya dejó claro el siglo pasado que en las políticas hacía América Latina había que proteger a los nuestros, aunque los nuestros fueran unos hijos de puta.

Los periódicos y el síndrome de la minifalda

"Es que iba provocando". Con estas palabras, u otras similares, se solía relativizar -y aún se suele seguir haciendo- infinidad de agresiones sexuales contra la mujer, creando incluso jurisprudencia en más de una sonora sentencia. La culpabilización de la víctima se esconde así en el plisado de una falda que se precipita a más o menos centímetros de la rodilla, en el escote generoso en transparencias, o en ese carmín tan subido de tono que, según sus detractores, lo convierten en violentamente irresistible para la testosterona cándida del violador.

Así la violencia ejercida contra la anatemizada hembra, se percibe como una suerte de venganza bíblica que restituye de forma ejemplarizante el equilibrio roto por su exhibicionista comportamiento. Y el agresor, reivindicado por la ley de los jueces y la sabiduría rancia de Perogrullo, conserva intacta su prepotencia de poder en lo alto de su torre de fálico marfil. Porque, a fin de cuentas y en última instancia, quien muestra carne, carne quiere; uno no es de piedra, y luego pasa lo que pasa.

Sin duda, estos argumentos escandalizarían a cualquiera que tuviera no sólo una mentalidad liberal, sino simplemente el más mínimo de sentido común. Incluso no faltarían periodistas sensibilizados que desde las páginas de los más serios, rigurosos y progresistas diarios lanzarían los más encendidos artículos y editoriales, para denunciar tan inadmisibles comportamientos sociales y judiciales.

Y, sin embargo, el manido argumento de la minifalda exhibicionista sigue llenando páginas y páginas de esos mismos diarios cuando de lo que se trata es de salvaguardar el buen orden social e internacional. De este modo, por ejemplo, los españoles podemos comprender un poco mejor por qué atacan a nuestras tropas y matan a nuestros soldados en el Líbano, tras conocer que este país tiene la provocativa desfachatez de romper el alto el fuego y disparar contra los aviones israelíes que cándidamente penetran en su espacio aéreo.

O nos descubren indignados como Venezuela, convertida en los últimos años en país minifalda por excelencia, tiene la osadía de reformar su constitución para recortar las libertades civiles en caso de emergencia. Nos ponen de nuevo en guardia ante ese iluminado sátrapa Hugo Chávez, aspirante a la eterna reelección, encaprichado en tener una constitución a medida, con las mismas disparatadas posibilidades que otorga, sin ir más lejos, la actual Constitución española.

Son ganas de provocar. Y, claro, luego pasa lo que pasa.

El culebrón venezolano de El País

Pobrecita libertad de expresión, tan cerca de Jesús de Polanco y tan lejos de la calle. Uno no puede evitar readaptar el viejo dicho mexicano a la vista de la aguerrida campaña en defensa de tan universal derecho que desde hace semanas viene promoviendo el diario El País. El motivo no es otro que la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de frecuencia en abierto al canal televisivo RCTV por estimar que la misma finaliza el día 27, en contra del planteamiento de Marcel Garnier y el resto de dueños del canal privado que aseguran disponer de licencia hasta 2022.
Contrasta esta escandalizada defensa de los derechos de RCTV –que siempre podría seguir sus emisiones como canal de pago-, con los silencios del Grupo Prisa ante la connivencia de la televisión con los militares que intentaron acabar por la fuerza con el gobierno democráticamente elegido de Hugo Chávez en abril de 2002. Por entonces, la transparencia informativa tan defendida ahora, llevaba a las páginas de El País a moverse en una medida ambigüedad que hacía aparecer como golpista ¡al propio presidente detenido ilegalmente por los militares sublevados!
Con semejante ejemplo desde la vieja y democrática Europa, no es de extrañar que por aquellos días la emisora -que pasará a la historia de las telecomunicaciones como la productora de telenovelas como Cristal- optara abiertamente por colaborar con los militares derechistas y silenciar cualquier información sobre la resistencia popular que impidió el triunfo del golpe de estado. Vergonzosa colaboración denunciada por el periodista Andrés Izarra, que abandonó entonces la cadena como protesta, o puesta al descubierto por un filme documental tan emotivo como La revolución no será retransmitida, realizado por los irlandeses Kim Bartley y Donnacha O’Briam.
Desde entonces RCTV, aliada mediática de los sectores oligárquicos de Venezuela, ha venido manteniendo una beligerante guerra abierta contra el proceso de transformación social que viene impulsado el movimiento bolivariano liderado por Chávez; un proceso que, por cierto, cuenta con el respaldo mayoritario de la población como han tenido que reconocer todos los observadores internacionales que han supervisado los distintos comicios convocados todos estos años. Ataques que, como recordaba recientemente Ignacio Ramonet, no son distintos a los sufridos en los años 80 por la revolución sandinista desde las páginas de La Prensa, o en los primero 70 por el gobierno chileno de Salvador Allende desde el periódico El Mercurio.
Todo ello queda eclipsado para El País que, frente al activismo abiertamente golpista defendido por el PP en contra de Venezuela, prefiere optar por la versión más socialdemócrata de la sacrosanta defensa de la libertad de expresión, como una especie de homenaje final a la vieja amistad que en otro tiempo unió al estadista Felipe González con el democráticamente corrupto Carlos Ándres Pérez.
Al final todo acaba reducido a lo básico, a esa defensa de los valores universales. Y frente a la vía venezolana al socialismo, El País cierra filas con ese modelo de vida hecho culebrón que promueve RCTV: el amor entre la chica pobre y el rico caballero como alternativa a la justicia social. Porque menos arriesgado que dejarse tentar por proyectos utópicos es seguir la invitación que el propio canal nos lanza desde la publicidad de su programación: “disfrutar junto al Dr. Eladio Lárez del programa educativo por excelencia: “Quién quiere ser millonario”".